Presenta el Informe ‘Las Mentiras que comemos’
¿Qué
significa que un alimento tiene la etiqueta bio en su packaging? ¿Sabes
cuánto contamina el yogurt ecológico que compras todas las semanas? Hoy en día, muchos productos alimentarios
cuentan con infinidad de sellos y certificaciones fruto del greenwashing
empresarial, técnicas de marketing que las empresas utilizan para aprovecharse
del vacío legal que impera en la industria alimentaria. Justicia Alimentaria ha
presentado hoy en València el informe ‘Las Mentiras que Comemos. Anatomía del greenwashing
alimentario’, con el objetivo de denunciar esta praxis y la falta de
legislación al respecto.
El
estudio, elaborado por Ferrán García, investigador de Justicia Alimentaria,
hace hincapié en que estas prácticas pretenden confundir al consumidor. “Las
empresas aprovechan el vacío legal para jugar a la confusión y vender más. Se
muestran comprometidos con los problemas ambientales, sociales o de salud que
éstos tienen pero realmente no cambian el contenido del producto, solo
incorporan un atributo en la etiqueta”, comenta Javier Guzmán, director de
Justicia Alimentaria.
Estos
sellos corporativos están diseñados y controlados por la propia industria o en
colaboración con fundaciones privadas. Uno de los que tiene más presencia es The
Carbon Trust o Certificación de Neutralidad de Carbono, una distinción
climática que certifica que un producto está comprometido con la
descarbonización, pero la realidad es que el consumidor es incapaz de saber si
el producto ha emitido mucho o poco CO2 durante su elaboración.
Certificaciones
confusas
Poner
un sello ecológico en un producto traslada al consumidor la idea de que es
mejor que uno que no lo lleva. Además, la certificación ecológica no distingue
aspectos laborales o de derechos humanos. “La agricultura intensiva de
exportación se traduce en explotación laboral y, en muchos casos, en
explotación humana”, añade Guzmán.
El
sello oficial de producción ecológica indica que se han cumplido los requisitos
específicos que recoge la normativa que lo regula, el problema es que puede
inducir a error al generar unas expectativas superiores a lo que su normativa
regula. Un claro ejemplo son las frutas y hortalizas cultivadas en invernaderos
de regadíos. Estas, pueden llevar la certificación ecológica pero detrás hay un
fuerte impacto en el cambio climático y en la explotación del agua.
Verde parece,
verde no es
En
la producción agrícola, invernaderos, regadíos y fertilizantes son las
principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y esto no se
tiene en cuenta a la hora de calcular las condiciones ecológicas de los sellos.
España es el segundo país del mundo en superficie de invernaderos, con 70.000
hectáreas, por detrás de China que tiene 80.000. Solo Almería y la costa de
Granada cuentan con 30.000 hectáreas de invernaderos que producen 4,5 millones
de toneladas de frutas y hortalizas, de ahí sale el 25% de todas las frutas y
hortalizas que consumen en Europa.
Los regadíos son la segunda fuente de
emisión de CO2 de la producción agrícola, que consumen alrededor del 80% del
agua de las cuencas del país. Además, la agricultura intensiva depende del uso
de fertilizantes sintéticos que inevitablemente emiten dióxido de carbono en su
producción y requieren una elevada cantidad de energía.
Por otro lado, el informe destaca que
la fabricación y el uso excesivo de fertilizantes sintéticos es la gran fuente
de emisión de CO2 del sector agrario, prácticamente la mitad de las emisiones
de todo el sector agrícola (el 45%) es atribuible a los fertilizantes, además
de ser altamente demandante en energía y totalmente dependiente de la
disponibilidad y precio del gas natural. A modo de ejemplo, la energía
necesaria para fabricar todo el fertilizante sintético usado en la agricultura
española es la equivalente a la que utiliza una ciudad como Barcelona todo el
año o el 45% de la que utiliza Madrid.
También en la explotación animal
Los
sellos de bienestar animal también están en auge como es el caso del de
Interporc, la asociación de las empresas productoras de cerdo. Sus criterios
son tan laxos que permiten la castración de los cerdos sin anestesia hasta los
siete días de vida, el recorte de dientes y rabo o que el 20% de los animales
padezca dificultades respiratorias. Interporc asegura que el 60% del sector ya
ha logrado su sello. Este es un claro ejemplo de que la población sobreentiende
que ese producto ha pasado unos filtros de bienestar animal, pero la realidad
es muy diferente.
Soluciones
que pasan por la administración
La
gran mayoría de sellos que encontramos en los alimentos están creados por la
propia industria. Desde Justicia Alimentaria piden impulsar políticas públicas
firmes y precisas que luchen contra el cambio climático, produzcan una
alimentación sana y respeten los derechos laborales y humanos. “Hace falta un
cambio radical del sistema alimentario, por eso tenemos como objetivo mejorar
la legislación existente garantizando unos estándares de obligado cumplimiento
y que estén controlados por la inspección pública”, dice Javier Guzmán. De
entre las propuestas, destaca la prohibición de los sellos y la auto
certificación corporativa alimentaria, apostando por un sistema público de
etiquetado y certificación social, ambiental y de salud y la implicación del
Gobierno y Administraciones públicas de acabar con las prácticas de explotación
laboral.