El pasado año, la Unión Europea
estableció como objetivo vinculante conseguir la descarbonización del modelo
energético fijando, para 2030, que el 32% de la energía que produzca cada país
proceda de fuentes renovables. Ante esta medida, España ya está respondiendo.
El proyecto de ley de los Presupuestos Generales señala una partida presupuestaria de 5.250 millones de euros para el Ministerio para la Transición Ecológica, con un aumento de la inversión de 50 millones de euros para la promoción de la estrategia de transición justa hacia una energía baja en carbono. Tal y como comentaba Teresa Ribera, representante de este ministerio, en el marco de la inauguración de ‘Spain Investors Day’ ante inversores de todo el mundo: “El análisis de los riesgos del cambio climático y la necesidad de inversión verde no son un lujo, sino una necesidad urgente”.
Desde la perspectiva del
Ejecutivo, se trata también de una ocasión única, incluso, para los propios
inversores: la transición energética movilizará oportunidades de inversión por más
de 200.000 millones de euros en la próxima década.
De esta previsión de cifras de
inversión que se presenta, un 45% irá destinada a renovables -con la
instalación de, por ejemplo, 3.000 MV anuales como mínimo-, un 40% a eficiencia
energética -rehabilitando 100.000 viviendas al año como mínimo-, 12% para redes
de transporte y entre 1 y un 3% a electrificación. Todo ello podría suponer un
impacto en el PIB de entre 15.000 y 20.000 millones de euros anuales en la
próxima década, según estima la ministra de Transición Ecológica, además de
generar empleo y ayudar a desligarse de la dependencia a fuentes energéticas
que se encuentran en el extranjero.